En España, ha surgido una polémica sobre los conocidos como pisos turísticos. Se trata de los apartamentos residenciales, propiedad particular, que estos particulares alquilan a familias o grupos de turistas, utilizando plataformas digitales de intermediación existentes en casi todos los países. La irrupción en los vecindarios más tradicionales, de personas de otras nacionalidades, otras culturas, otros idiomas y costumbres, puede causar inconvenientes a los residentes convencionales. Y más si la llegada de estos forasteros se produce continua y sucesivamente, con pocos días de separación.
Este fenómeno ha llegado aprovechando la gran facilidad que tiene un viajero de cualquier parte del mundo, para contratar un alojamiento en casi cualquier ciudad. Puede elegir alojarse en un hotel, sea de la categoría o precio que desee, un apartotel, un hostal, o cualquier otro espacio disponible. Una gran facilidad que los viajeros agradecen, y los empresarios aprovechan muy positivamente.
El problema tiene tres caras. Los empresarios hoteleros, los viajeros, y los residentes, sin olvidar las autoridades, que temen perder parte de su control, y de sus ingresos.
1 - Los empresarios hoteleros se quejan porque ven como los pisos turísticos pueden ofrecer mejores tarifas (ya que tienen muchos menos gastos), creando una competencia brutal. Algunos empresarios más inteligentes, han tomado la decisión de incluirse en eses mercado, procediendo a comprar apartamentos y ofrecerlos también en las redes. Suelen tener más claro que nadie, las localizaciones preferidas por los viajeros.
2 – Los viajeros aprovechan la buena ubicación de los apartamentos, los mucho mejores precios, y la independencia que les supone poder disfrutar de una vivienda familiar completa, con todos sus servicios.
3 – Los residentes, especialmente los que no tienen propiedad alguna en alquiler turístico, se quejan de los frecuentes malos comportamientos de estos viajeros de otras culturas. Excepcionalmente, algunos viajeros descontrolados tienen comportamientos poco cívicos, que se enfrentan a las costumbres locales, arraigadas entre los residentes desde años. Sin embargo, algunos aprovechan ese nuevo mercado para rentabilizar sus inversiones.
Las tres partes tienen sus propios puntos de vista, y sería deber de las autoridades de cada localidad, de hacer coincidir estas situaciones, en beneficio de todos los implicados. Pienso, como lo dije anteriormente, que las autoridades turísticas o municipales, deberían promocionar unos códigos de conducta tanto para los residentes habituales, como para los visitantes foráneos. Todos deben ser conscientes de que tienen la obligación de integrarse amable y responsablemente en el entorno ciudadano. No se trata de imponer, pero sí de difundir y hacer entender a todos, un puñado de normas cívicas de convivencia que permitan asegurar y mantener el atractivo de la ciudad, para futuro disfrute de todos.
Pero no se trata de castigar. Cada municipio debe facilitar la vida de sus residentes, tanto en el centro de la ciudad, como en su entorno más cercano. Ante la falta de viviendas adecuadas a la realidad actual, siempre habrá una demanda insatisfecha que empujará los precios al alza, según la más eterna ley, la ley del mercado. La abundancia mejora los precios, la escasez los eleva y complica.
Prohibir no es gobernar, gobernar es solucionar.
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